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Sobre impacto ambiental y derechos humanos

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    Predeterminado Sobre impacto ambiental y derechos humanos

    Se les envía el siguiente análisis sobre tema del impacto ambiental y la vinculación jurídica de derechos humanos, para ser abordado en estudios de impacto ambiental en México.

    Sobre impacto ambiental y derechos humanos

    Tengo un tiempo sin escribir debido a la carga de trabajo, por lo que agradezco el interés de muchos lectores que siguen visitando este blog.
    Leyendo con gran interés lo comentado por mi buen amigo y mejor abogado Lic. Carlos Humberto Rodríguez Baidón, me describe cómo las últimas reformas constitucionales, han elevado a rango de derechos humanos el derecho a un medio ambiente limpio, y además los tratados ambientales que ha firmado México tienen hoy la misma jerarquía que la constitución y deben de ser observados por la autoridad correspondiente, lo que hace que si existiese una contradicción entre una ley general o federal sobre el tratado, prevalece el tratado.
    Revisando, veo que efectivamente el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 4° Constitucional para definir mejor el derecho a un medio ambiente sano así como incorporar expresamente el derecho al agua para uso personal y doméstico.




    "DECRETO por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
    FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
    Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
    DECRETO
    "LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES, ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADO EL PÁRRAFO QUINTO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
    Artículo Único.- Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
    Artículo 4o. ...
    ...
    ...
    ...
    Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
    Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    TRANSITORIOS
    Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
    Segundo.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental.
    Tercero.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.
    México, D.F., a 18 de enero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Dip. Rigoberto Salgado Vázquez, Secretario.- Sen Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas."
    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de febrero de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.


    Mi análisis como técnico no me permite opinar mucho en material de derecho, pero siguiendo con mi impuesta tradición crítica de interpretación de estas leyes, concluyo que es ahora un derecho humano el aspirar a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, y es el deber del estado proveerlo, fincar responsabilidades para el deterioro y sancionar las faltas; por lo que ante el deterioro del medio ambiente, provocado por un particular o el estado mismo, es deber del ultimo la restitución del derecho y no sólo la sanción por la infracción cometida. El mismo caso para el acceso al agua para consumo humano y doméstico.


    Siendo así, las quejas fundamentadas en estos principios por un particular o una población, deben de ser atendidas no solo en función de las leyes actuales vigentes ( según el decreto, la Ley general de aguas debió haber salido en febrero de 2013, ¿qué pasa con los legisladores? ) sino a nivel de tratados internacionales suscritos por el estado Mexicano.


    Existen muchos casos de controversia en este ámbito, y el que se me viene a la mente hoy por que se basa en la autorización ambiental de una obra es el conflicto del acueducto Independencia, que trasvasa agua de la cuenca del río Yaqui para provisionar de agua potable a la ciudad capital de Hermosillo Sonora (otra cuenca hidrológica), a costa de un manifestado prejuicio a la tribu Yaqui, sobre los recursos hídricos a los que ha tenido derecho legal y tradicionalmente desde que México es México.


    Existe un reclamo dado que los instrumentos regulatorios presentados para su aprobación a la federación, no incluyeron ni las consultas ni la autonomía de la Nación Yaqui, y actualmente se dirime el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


    Al respecto, existen algunos otros tratados internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 32 establece,


    Artículo 32

    1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.


    2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.


    Revisando el caso, creo que hay visos de fundamentación de la Nación Yaqui sobre su reclamo contra el Gobierno del estado de sonora, que ha violado una suspensión por parte de un Juez y ha terminado y puesto en operación dicho acueducto bajo el argumento de la necesidad de agua de la capital para consumo humano, basando sus argumentos en la solución necesaria de la demanda poblacional hermosillense, basándose en la Ley de Aguas Nacionales, de que el agua es un recurso federal, propiedad de la nación (art. 16 de LAN).



    Presa Alvaro Obregón de la cuenca del río Yaqui, vertedero en desfogue


    Estos casos son controversiales y para eso están las cortes, pero ¿prevalecerá realmente el derecho humano a la provisión de agua a costa de otro derecho humano violentado como el que se cita de los indígenas? ¿ O se impondrá el argumento de la LAN de propiedad del recurso sobre los derechos marcados en los tratados?


    También concluyo que esto ocurre cuando las ciudades son crecidas artificialmente, sin tomar en cuenta los recursos naturales disponibles en los planes de desarrollo urbano; y es un caso sin duda para ser tomado en cuenta para los (a mi juicio) obsoletos estudios de impacto ambiental con los que aún el estado mexicano justifica las obras que causan desequilibrio ecológico y afectación al medio ambiente, basados en la evaluación subjetiva y no valoración objetiva de los elementos que conforman las obras y factores ambientales (o recursos naturales).


    Aquí abajo les dejo el link del documento consultado. Un gran abrazo y gracias Licenciado por tus aportaciones a este rubro tan falto a veces de certeza jurídica.







    Compilación de los instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en México.
    Fuente:
    INGENIERÍA AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO: Sobre impacto ambiental y derechos humanos

    J. Carlos Aguilar Ibarra, MC.
    Última edición por quercus; 08 agosto 2013 a las 20:51 Razón: se incorpora el contenido

  2. .
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